DIARIODELHENARES/Castelló* : Tras la lectura del documento elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Ecologistas en Acción considera que se ha dado un fuerte tirón de orejas al Ayuntamiento de Vinaròs por no haber hecho los deberes en la redacción del Documento Inicial de Evaluación Ambiental del Plan Especial para Reserva de Suelo Público tendente a crear un macropolígono industrial de 250 Ha. en el polígono 43 de la partida Soterranyes de Vinaròs (Castellón). El citado Documento de Referencia, publicado por la administración el 2 marzo 2011, refleja graves irregularidades y omisiones en el Documento Inicial de Evaluación Ambiental que presentó el Ayuntamiento de Vinaròs en junio de 2010, circunstancia que choca frontalmente con lo interpretado por el consistorio municipal de Vinaròs, donde se alababan las bondades del documento y se reconocía como un espaldarazo final al proyecto.
Desde Ecologistas en Acción consideramos estas opiniones del promotor, "el Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs", como un ejercicio de auténtica demagogia y perversión de la realidad, con fines electoralistas y de presión hacia propietarios y asociaciones que luchan contra el proyecto. El Documento de Referencia ya deja muy claro que falta muchísima información (informes, justificaciones, alternativas, estudios, etc.) sobre la zona, el proyecto y sus futuras actuaciones. Destaquemos:
En su página 5, el Servicio de Paisaje de la Dirección General de Territorio y Paisaje, ya advierte sobre la normativa a seguir, así como de la necesidad de trabajar mejor las infraestructuras verdes, evitar crecimientos dispersos del sistema de ciudades (como es el caso del proyecto planteado), respetar topografía y vegetación del lugar, preservar el paisaje, etc.
En su página 6, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, puntualiza sobre la necesidad de hacer estudios de inundabilidad y respetar las zonas de dominio público hidráulico y servidumbres de los barrancos afectados.
En sus páginas 6 y 7, la Entidad de Saneamiento de Aguas EPSAR, concluye que la depuradora de Vinaròs no tiene capacidad suficiente para tratar todo el agua que saldrá del futuro polígono, con lo cual, o se construye una depuradora propia (con los gastos a cargo de los urbanizadores) o se tendrá que ampliar la depuradora municipal.
En sus páginas 7 y 8, el Servicio de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, reconoce la existencia de especies protegidas y su necesidad de conservación. Se deberán, por tanto, justificar que no hay otro remedio que afectar a las orquídeas y los robledales existentes, así como demostrar que no van a causar un perjuicio a sus poblaciones.
En su página 8, la Unidad de Carreteras de Castellón, ya avisa de la afección en la zona oeste debido a otras infraestructuras viarias programadas, como la autovía A-7 o la duplicación de la N-232.
En sus páginas 8 y 9, el Servicio de Ordenación Territorial de la Dirección General de Territorio y Vivienda, dejan claro que existen zonas hidráulicas (barranco de la Barana) incluidas como futuro suelo industrial, contraviniendo la legislación de ordenación del territorio y protección del paisaje, que obliga a dichos suelos, al ser inundables, deben formar parte de la infraestructura verdel del territorio.
En su página 9, la Unidad de Sanidad Ambiental de la Dirección general de Salud Pública, obliga a que el sector tenga una infraestructura e instalaciones adecuadas de agua potable, con una dotación mínima de 100 litros/ha/día, así como cumplir con todos los requisitos químicos y microbiológicos de potabilidad.
En su página 9, el Ayuntamiento de Ulldecona, señala con acierto, que ésta infraestructura crearía un núcleo industrial aislado mayor que todo el suelo urbano de la ciudad de Vinaròs, así como no aportar justificaciones suficientes de tal proyecto ni viabilidad económica; no estudiar las necesidades reales de suelo industrial en el municipio y no aportar informes energéticos e hídricos que hagan el proyecto sostenible. Creen que las afecciones paisajísticas serán graves y existe una desproporción en la creación de suelo industrial.
En sus páginas 9 y 10, el Área de Infraestructuras Industriales de SEPIVA, denuncia la ausencia de estudio de alternativas que justifiquen la reserva de suelo en esta zona de Soterranyes Baixes.
En su página 10, el Servicio territorial de Industria, recuerda que se debe prever cumplir con la normativa de accesibilidad, proximidad de edificios y riesgo de incendios, tanto industriales como forestales.
En su página 10, la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, indica que deben tomarse las medidas necesarias para identificar, valorar y proteger el valioso patrimonio cultural valenciano existente, realizando auténticos estudio patrimoniales y obligando a ser integrados dentro del Catalogo de Bienes de interés cultural y Bienes de relevancia local.
En sus páginas 10 y 11, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, cataloga la zona en estudio como con riesgo de incendios forestales, de acuerdo con la cartografía consultada y por consiguiente deberán establecerse todas las medidas establecidas por la legislación vigente para minimizar esta circunstancia y luchar antes posibles incendios.
Si a estas obligaciones/recomendaciones/sugerencias le unimos la inexistencia de estudios acústicos (página 11, de acuerdo con el dictamen del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico); la obligatoriedad del análisis de las masas arbóreas, arbustivas y formaciones vegetales de interés; los informes de justificación sobre el origen del agua; la planificación y futura gestión de los residuos; la falta de estudios sobre todos los impactos de las nuevas infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas, nueva depuradora o conducciones a la depuradora existente, etc.), y hasta la ausencia de justificación sobre la demanda de suelo industrial (explicando qué suelo existe actualmente, qué porcentaje se ha utilizado y cuánto queda disponible)...
Ecologistas en Acción considera que los estudios realizados hasta el momento, por parte del promotor, son un mero "avance" y que no sirven delante de las administraciones competentes para dar luz verde al proyecto.
Fallan, por tanto, los intentos municipales por acelerar, por todos los medios, la tramitación de los expedientes relativos a este proyecto industrial y se demuestran, nuevamente, las falsedades a las que nos tiene acostumbrados la actual Junta de Gobierno Municipal, en cuya interpretación del "documento de referencia" tan sólo decían que el único organismo que había informado negativamente era el Ayuntamiento de Ulldecona. ¡Curioso!
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