Recaredo del Potro, presidente de Escal, impulsora del proyecto, fijaba en 2006 la inversión necesaria en 510 millones y aunque auguraba una cierta revalorización, seguro que nunca imaginó que casi se fuera a multiplicar por tres el coste, poniendo completamente en duda el sentido económico de esta inversión para el sistema gasista.
Ahora la pelota está en el tejado de Industria, que tendrá que repercutir estos costes en el recibo del gas y supondrá incrementos de los peajes de hasta al 8 por ciento, según los cálculos realizados por el sector. Esta subida afectará principalmente a las industrias y a los grandes consumidores, ya que en las revisiones se asume que la parte regulada siempre se repercute a los clientes.
El presupuesto de Castor ha aumentado de forma relevante desde que entrara en el proyecto la constructora ACS. Escal dio acceso a la compañía de Florentino Pérez, en un principio para diseñar el almacén, y para que la constructora facilitara la concesión de los permisos locales y autonómicos. Una vez logradas las licencias, el Ministerio de Industria dio barra libre a la constructora y reconoció todos los costes en los que incurriera el proyecto por el hecho de ser una infraestructura incluida en la Planificación Energética.
Esta situación provocó que las alertas saltaran en todo el sector cuando comenzaron a verse las cifras que se estaban alcanzando. De ahí, que la propia Comisión Nacional de la Energía, aunque tarde, haya alertado de que este desajuste disparará el coste del gas por la puesta en marcha de esta instalación.
Así, los 1.300 millones de la infraestructura se tendrán que cargar al recibo del gas, algo que al Ministerio no le agrada ante su política anunciada de contener los costes regulados que repercuten en la factura.
En el sector se especula con la posibilidad de que se pueda retrasar la infraestructura, porque actualmente el sistema adolece de sobrecapacidad energética. Así, queda en entredicho la justificación que impulsó este proyecto: garantizar el suministro. Además, Castor fue incluido en la categoría A Urgente en la Planificación para 2008-2016, obviando el hecho que España está conectada por tubo con Marruecos y desde el pasado año también con Argelia a través del gaso- ducto Medgaz. Esta sobrecapacidad ha obligado a las eléctricas a firmar contratos de gas a largo plazo para dar salida al hidrocarburo que proviene de África y no incurrir en las cláusulas take or pay (te lo llevas o lo pagas igual).
Castor recibió las autorizaciones administrativas más relevantes cuando la demanda de gas ya daba las primeras señales de descenso, como consecuencia de la crisis. Fue en este proceso de la puesta en marcha del proyecto donde ya se constataba una creciente alza de los costes.
En mayo de 2008, el Ministerio de Industria, ya con Miguel Sebastián, anunció la concesión de la explotación y apuntó a una inversión de más de 1.000 millones de euros, ya casi el doble de lo previsto en un principio. En noviembre de 2009 la infraestructura recibió la autorización de la Secretaría de Estado Climático y en junio de 2010 la concesión administrativa donde ya se constatan unos costes de 1.181 millones.
Frente a esta situación ya claramente descontrolada, Industria decidió poner freno a ACS y Escal y reguló por Ley una medida que buscaba poner coto a los 1.300 millones a los que ascendió el proyecto a finales del pasado año.
El Consejo de Ministros del 7 de octubre modificó las condiciones económicas del almacenamiento de gas Castor, de tal forma que se fijó en 1.272,9 millones el máximo del coste reconocido de inversión de esta infraestructura para que los costes no siguieran su ascenso.
El Gobierno se vio obligado a contener este presupuesto al comprobar que la empresa adjudicataria no lo hacía motu proprio, sino que continuaba una tendencia de constantes subidas. Industria quiso así asegurar la sostenibilidad de la inversión y que ésta no superará las estimaciones realizadas para la Planificación.
Sin embargo, el Ejecutivo debería haber tomado esta iniciativa antes y no esperar a que los costes se fueran casi a triplicar. El resultado es que ahora los consumidores tendrán que pagar más por el precio del gas a consecuencia de este hecho, una vez que entre en funcionamiento, un hito que está previsto para mayo de este año. Pero no sólo la seguridad del suministro era la razón de ser de estos almacenamientos, sino que también se buscaba reducir el precio del gas que llegaba a través de barco.
Ahora, con los costes en los que ha incurrido Castor, el precio se situaría en 80 euros por megavatio/hora de capacidad, cifra que no se aleja mucho del coste de los tanques de Gas Natural Licuado (unos 100 euros por MWh).
Además, el encarecimiento al que ha llevado ACS a esta infraestructura choca con los precios de construcción o compra en Estados Unidos, que se sitúa en el orden de 53 euros/MWh.
Por su parte, en el caso de Yela, Enagás ha informado de un coste de unos 200 millones, cifra que supone unos 35 euros/ MWh.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, atendiendo a cómo se han disparado los costes, se podría paralizar esta infraestructura porque la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos regula las autorizaciones administrativas para la construcción y explotación de instalaciones de la red básica de gas natural y su apartado quinto recoge que "la variación sustancial de los presupuestos que motivaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación".
Sin embargo parece difícil llegar a esta situación después de que el Gobierno regulara las condiciones económicas del proyecto y fijara un techo para la inversión.
Impacto en el recibo del gas
Lo que sí que es seguro es que esta desviación del presupuesto hará mella en el sistema y provocará que la propuesta de retribución aprobada por el Ejecutivo para los costes del sistema, donde se concluye el transporte, regasificación o los almacenamientos subterráneos, no sea suficiente y empeore el déficit de tarifa del gas.
En concreto, esta retribución alcanza 3.407,7 millones de euros y que ha aumentado teniendo en cuenta la puesta en servicio de nuevas instalaciones de transporte, regasificación o almacenamiento subterráneo y donde la propia CNE ha reseñado que la entrada en funcionamiento de Castor y Yela, así como la regasificadora del Musel, acenturán los costes del sistema.
Según expertos del sector, la parte regulada de las tarifas de gas debería subir un 8 por ciento para compensar estos nuevos costes, lo que supondría sumar unos 240 millones a la retribución actual.
El Ministerio de Industria aprobó esta cantidad para una demanda de gas natural de 376 TWh, de los que 276 TWh corresponden a la demanda convencional de gas natural y 101 TWh a la demanda de las centrales de generación eléctrica de ciclo combinado, lo que supone un incremento del 4,1 por cieneto y una reducción del 13,7 por ciento, respectivamente, sobre la demanda prevista para el cierre de 2011 por Enagás.
La CNE ha insistido en varios informes que se tenga en cuenta el elevado grado de incertidumbre existente sobre la evolución de la demanda de gas para 2012, derivada de la situación económica, ya que es necesario tener una especial prudencia en la elección del escenario de la demanda que finalmente se utilice en la determinación de los peajes y cánones para cubrir los costes que supondrá también el almacenamiento de Castor.
Para el organismo regulador es necesario que se miren con lupa todos estos elementos de cara a garantizar la suficiencia de los ingresos y minimizar el impacto de un déficit en la liquidación de las actividades reguladas del gas.
La institución que preside Alberto Lafuente ha dejado ya bien claro que los costes del sistema se dispararán este año y que, por tanto, la retribución antes mencionada no es suficiente para cubrir los derechos de cobro que se devengan en 2012, junto con el desvío del 2011, más la retribución reconocida a las instalaciones en servicio.
"La retribución reconocida en la propuesta de orden tampoco alcanzaría a cubrir los derechos de cobro que se devengarían por las instalaciones que están previstas para poner en servicio a lo largo de 2012, y en avanzado estado de construcción, tales como los almacenamientos de Yela y Castor", asegura el documento de la CNE.
Esta instalación busca aumentar la seguridad del suministro, pero también se ha saldado con un aluvión de alegaciones. Además de los costes en los que ha incurrido el proyecto, en 2008 ya se presentaron 16.000 firmas que respaldaron las alegaciones contra el proyecto por su impacto medioambiental. Pero los frentes judiciales pueden ir más allá porque, si no se aplican tarifas del gas acordes con los costes, las energéticas pueden llevar las revisiones al Tribunal Supremo.
La construcción de este almacenamiento se ha realizado aprovechando un antiguo pozo petrolero.
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